Abogados especializados en derecho Alquileres en Cantabria

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Miguel Ezcurra Zubizarreta

Miguel Ezcurra Zubizarreta

EZCURRA ASESORES SCP
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  • C. Ramón Pelayo 17, 39750 Colindres
Sin reseñas

Especialidades

Civil Comunitario Mediación y Arbitraje Reclamaciones de cantidad Tributario-Fiscal Comunidad de propietarios Herencias y Testamentos Alquileres Desahucios

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Abogados especializados en derecho Alquileres en Cantabria

Un abogado de alquileres es el especialista en la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) y los conflictos entre propietarios e inquilinos. Los casos más frecuentes incluyen la redacción y revisión de contratos de alquiler, la reclamación de rentas impagadas, la actualización de la renta (IPC), la recuperación de la fianza, las obras y reparaciones en la vivienda arrendada, y la resolución del contrato por necesidad del arrendador. La última reforma de la LAU (Ley de Vivienda 2023) establece límites a las subidas de renta en zonas tensionadas, amplía la duración mínima del contrato a 5 años (7 si el arrendador es persona jurídica) y refuerza los derechos del inquilino. También asesora en alquileres de temporada y de uso turístico. En Keatia puedes encontrar abogados de alquileres verificados y solicitar cita gratuita.

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Preguntas frecuentes

Los honorarios varían según si se trata de un asesoramiento puntual, una negociación o un procedimiento judicial. En Cantabria, una consulta suele costar entre 50 y 120 €, y llevar un asunto completo (desahucio por impago y/o reclamación de rentas) suele moverse, de forma orientativa, entre 900 y 2.500 € + IVA, más procurador (aprox. 200–500 € según actuaciones) y tasas si proceden (en general, los particulares no pagan tasa). El marco principal es la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) y la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC). Lo recomendable es pedir presupuesto cerrado por fases. En keatia.es puedes comparar abogados de alquileres en Cantabria y solicitar varios presupuestos.

El desahucio por impago se tramita por juicio verbal (art. 250.1.1º LEC) y suele ser la vía más rápida para recuperar la vivienda. No hay un “plazo máximo” para iniciarlo, pero cuanto antes actúes mejor, porque las rentas se acumulan y puede complicarse el cobro. Tras presentar la demanda, el Juzgado señala fecha de lanzamiento y da al inquilino un plazo para pagar u oponerse; además, existe la posibilidad de enervación (pagar y continuar) si es la primera vez y se cumplen requisitos (art. 22.4 LEC). En Santander o Torrelavega los tiempos dependen de la carga del juzgado, pudiendo ir de varios meses a más de un año. Un abogado te dirá la estrategia óptima y documentación necesaria.

La enervación permite al inquilino evitar el desahucio pagando lo debido (rentas e importes asimilados) dentro del plazo que fije el juzgado tras la demanda, siempre que sea la primera enervación y no exista un requerimiento previo fehaciente con al menos 30 días de antelación que no haya sido atendido (art. 22.4 LEC). Si el arrendador envía un burofax reclamando la deuda y concediendo 30 días, y el inquilino no paga, en principio ya no podrá enervar después. En la práctica, el burofax bien redactado es clave para evitar sorpresas. Conviene que un abogado revise el contrato y el historial de pagos antes de actuar. En keatia.es puedes localizar especialistas en Cantabria para preparar el requerimiento y la demanda.

En Cantabria, como en el resto de España, el arrendador debe devolver la fianza al finalizar el contrato y entregada la vivienda, descontando solo desperfectos imputables al inquilino o deudas pendientes. La LAU (art. 36) prevé que, si no se devuelve en el plazo de un mes desde la entrega de llaves, la cantidad devenga intereses. En la práctica, el primer paso es reclamar por escrito (burofax o email con acuse) aportando fecha de entrega de llaves, inventario y fotos del estado del inmueble. Si no hay acuerdo, puede reclamarse judicialmente mediante juicio verbal por cuantías habituales. Un abogado puede ayudarte a calcular importes, preparar pruebas y negociar. En Cantabria, la fianza suele estar depositada en el organismo autonómico competente, lo que a veces facilita comprobar importes.

Depende de la cuantía y del tipo de procedimiento. En general, en juicios verbales por cuantía inferior o igual a 2.000 € no es obligatoria la intervención de abogado y procurador, aunque es recomendable (arts. 23 y 31 LEC). En desahucios por impago o expiración de plazo, aunque la cuantía pueda parecer baja, suele ser muy aconsejable contar con profesionales porque hay plazos estrictos, requisitos formales y posibles incidencias (enervación, oposición, acumulación de rentas). En Cantabria, los asuntos se tramitan en los juzgados de primera instancia correspondientes (por ejemplo, en Santander o Torrelavega según partido judicial). Para elegir con criterio, en keatia.es puedes comparar perfiles y experiencia en arrendamientos antes de contratar.

Normalmente se necesita: contrato de arrendamiento (y anexos), acreditación de propiedad o legitimación (nota simple o escritura), justificantes de impago (extractos bancarios, recibos devueltos), comunicaciones previas (burofax/requerimientos), y un detalle de la deuda (rentas, suministros, IBI si está pactado, etc.). Si se quiere impedir la enervación, es importante aportar el requerimiento fehaciente con 30 días (art. 22.4 LEC). También conviene indicar domicilio para notificaciones y, si procede, solicitar acumulación de reclamación de rentas al desahucio. Un abogado revisará si el contrato está sometido a LAU y cómo calcular la cuantía. Reunirlo todo desde el inicio acelera el trámite y reduce incidencias en el juzgado.

Los plazos dependen del juzgado (Santander, Torrelavega u otros partidos judiciales) y de si hay oposición. A nivel práctico, un desahucio puede tardar desde 4–6 meses en escenarios rápidos hasta 10–18 meses si hay incidencias, suspensión o carga de trabajo. Fases habituales: requerimiento previo (recomendable), presentación de demanda, admisión y decreto señalando fechas (vista si hay oposición y lanzamiento), posible vista, sentencia si procede y ejecución/lanzamiento. En paralelo, puede reclamarse la deuda de rentas. La LEC regula el procedimiento (juicio verbal). Un abogado puede plantear medidas para minimizar retrasos (notificaciones correctas, cuantía bien calculada, documentación completa). Como recomendación, pide una estimación realista según el juzgado concreto y tu caso.

La subida de renta durante el contrato solo puede hacerse si está pactada y conforme a la LAU (art. 18), normalmente vinculada a un índice permitido y con comunicación en plazo. Para “echar” al inquilino por finalización, hay que respetar la duración mínima y prórrogas aplicables según la fecha del contrato (LAU arts. 9 y 10), y preavisar con la antelación legal (habitualmente 4 meses el arrendador y 2 meses el arrendatario, según supuestos). Si el arrendador necesita la vivienda para sí o familiares en determinados casos, también hay requisitos y plazos (art. 9.3 LAU). Un abogado revisará el contrato y la fecha de firma para aplicar el régimen correcto. Si quieres comparar profesionales en Cantabria, keatia.es puede ayudarte a encontrar especialistas en arrendamientos.

Conviene contratarlo en cuanto surgen impagos, conflictos por obras y reparaciones, dudas sobre prórrogas, subidas de renta, fianza o ocupación, porque muchas decisiones (requerimientos, plazos y pruebas) condicionan el resultado. Un abogado puede: revisar contrato y cláusulas, preparar burofax para cortar la enervación, negociar acuerdos de pago o salida, calcular deuda y rentas futuras, y tramitar desahucios y reclamaciones conforme a LAU y LEC. También coordina procurador y gestiona incidencias en el juzgado del partido judicial correspondiente en Cantabria. La recomendación práctica es pedir presupuesto por fases (extrajudicial, demanda, ejecución) y valorar experiencia real en arrendamientos. En keatia.es puedes comparar abogados en Cantabria por especialidad y contactar con varios.

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