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Un abogado de alquileres es el especialista en la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) y los conflictos entre propietarios e inquilinos. Los casos más frecuentes incluyen la redacción y revisión de contratos de alquiler, la reclamación de rentas impagadas, la actualización de la renta (IPC), la recuperación de la fianza, las obras y reparaciones en la vivienda arrendada, y la resolución del contrato por necesidad del arrendador. La última reforma de la LAU (Ley de Vivienda 2023) establece límites a las subidas de renta en zonas tensionadas, amplía la duración mínima del contrato a 5 años (7 si el arrendador es persona jurídica) y refuerza los derechos del inquilino. También asesora en alquileres de temporada y de uso turístico. En Keatia puedes encontrar abogados de alquileres verificados y solicitar cita gratuita.
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Los honorarios dependen del asunto y de si se resuelve con negociación o en juzgado. En Tarragona, una consulta suele rondar 60–120 €, la redacción o revisión de contrato 150–400 €, y un procedimiento de desahucio por impago (verbal) suele moverse entre 900–2.500 € + IVA, más procurador (aprox. 250–500 €) y tasas/gestiones si aplica. Algunos despachos trabajan con precio cerrado por fases (requerimiento, demanda, lanzamiento). Pide siempre presupuesto por escrito y qué incluye (burofax, asistencia a vista, ejecución). Como recomendación, compara perfiles y presupuestos: en Keatia (keatia.es) puedes localizar abogados de alquileres en Tarragona y solicitar contacto directo.
La reclamación de rentas del alquiler es una acción personal y, con carácter general, prescribe a los 5 años (art. 1964 del Código Civil), contados desde que cada mensualidad es exigible. Es decir, no “se acumula” todo en un único plazo: cada renta impagada tiene su propio cómputo. En la práctica, conviene actuar cuanto antes para evitar que se acumulen deudas y para poder iniciar desahucio y reclamación de cantidad. Un abogado puede enviar un burofax de requerimiento y preparar demanda de juicio verbal (Ley de Enjuiciamiento Civil). Recomendación: guarda recibos, contrato y comunicaciones; consulta pronto para cortar riesgos de prescripción.
El desahucio por falta de pago se tramita normalmente por juicio verbal (arts. 250 y ss. LEC). Tras presentar demanda, el Juzgado de Primera Instancia de Tarragona suele señalar una fecha de lanzamiento y fija plazos para pagar, oponerse o abandonar la vivienda. Los tiempos varían según carga del juzgado, pero como orientación pueden ser 3–8 meses, y más si hay oposición, incidencias o necesidad de ejecución. Es habitual acumular en la misma demanda la reclamación de rentas. Un abogado revisa requisitos, prepara documentación y coordina con procurador. Recomendación: no esperes a “varios meses”; un requerimiento previo y una demanda bien planteada suelen acelerar el proceso.
Sí, en muchos casos el inquilino puede “enervar” el desahucio pagando todo lo debido (rentas, cantidades asimiladas e intereses) dentro del plazo otorgado tras la notificación judicial, lo que paraliza el lanzamiento (art. 22 LEC). Pero hay límites: solo puede enervarse una vez durante la vigencia del contrato, y se pierde si el arrendador requirió de pago de forma fehaciente (p. ej., burofax) con al menos 30 días de antelación a la demanda y el inquilino no pagó. Un abogado te orienta sobre cómo hacer un requerimiento eficaz y documentado. Recomendación: actúa con estrategia desde el primer impago para no perder opciones.
Lo habitual es aportar: contrato de arrendamiento y anexos, DNI/NIE de las partes (si lo tienes), justificantes de propiedad o legitimación (nota simple o escritura), recibos pagados e impagados, cuadro de deuda (mes a mes), fianza (Depósito en INCASÒL si aplica), comunicaciones previas (WhatsApp, emails) y, muy importante, burofax o requerimientos fehacientes si existen. Si hay suministros a cargo del inquilino o gastos de comunidad repercutidos, conviene aportar facturas y cláusulas contractuales. El abogado también necesitará el domicilio exacto para notificaciones. Recomendación: ordena la documentación cronológicamente; eso facilita calcular deuda y preparar demanda sólida en el Juzgado de Primera Instancia correspondiente.
No. Aunque haya impago, el inquilino mantiene la posesión mientras el contrato siga vigente y no exista resolución judicial o entrega voluntaria. Entrar sin permiso, cambiar la cerradura o cortar suministros puede constituir un delito de coacciones (art. 172 del Código Penal) o allanamiento si procede, además de generarte responsabilidad civil. La vía correcta es requerir el pago y, si no se satisface, interponer desahucio por falta de pago conforme a la Ley de Enjuiciamiento Civil y la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU). Recomendación: consulta antes de actuar; un abogado puede preparar requerimiento fehaciente y demanda evitando actuaciones “de hecho” que empeoren tu posición.
En procedimientos judiciales de desahucio y reclamación de cantidad, lo habitual es intervenir con abogado y procurador, y en muchos casos es obligatorio por cuantía (regla general: si supera 2.000 €, art. 23 y 31 LEC). Incluso cuando la cuantía es inferior, contar con profesional suele marcar la diferencia en plazos y en evitar defectos de forma (cálculo de deuda, acumulación de acciones, requerimiento previo para impedir enervación). Además, en Tarragona la coordinación con procurador ayuda a gestionar notificaciones y señalamientos en los Juzgados de Primera Instancia. Recomendación: pide presupuesto por fases y compara opciones; en Keatia (keatia.es) puedes encontrar abogados de alquileres en Tarragona y solicitar valoración del caso.
La fianza en arrendamientos de vivienda se regula por la LAU (art. 36). El arrendador debe devolverla al finalizar el contrato y entregarse las llaves; si pasa 1 mes sin devolución, la fianza devenga intereses. Puede retenerse total o parcialmente si hay daños imputables al inquilino o deudas (rentas, suministros), pero debe justificarse con facturas o liquidaciones. En Cataluña, el depósito se ingresa en INCASÒL, lo que no impide reclamar directamente al arrendador. Si no paga, se puede reclamar extrajudicialmente (burofax) y, si es necesario, por juicio verbal. Recomendación: documenta el estado de la vivienda (fotos, acta de entrega) y busca asesoramiento para reclamar con garantías.
Conviene antes de firmar, especialmente si hay renta alta, duración larga, alquiler por habitaciones, vivienda turística/temporal o dudas sobre obras y suministros. Un abogado revisa cláusulas habituales conflictivas: actualización de renta (IPC/índices), duración y prórrogas (LAU), desistimiento, garantías adicionales, reparto de gastos, obras, mascotas, cesión o subarriendo y penalizaciones. También verifica la identificación correcta de la finca y anexos (plaza de garaje, trastero), y recomienda cómo formalizar inventario y entrega de llaves. En Tarragona, una revisión profesional puede evitar pleitos en los Juzgados de Primera Instancia. Recomendación: compara especialistas y precios; en Keatia (keatia.es) puedes localizar abogados de alquileres en Tarragona para una revisión rápida.
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