Abogados de extranjería y nacionalidad en España

El arraigo social exige 3 años de permanencia continuada en España, vínculos con residentes (familiares hasta 2º grado) o informe de integración social, y un contrato de trabajo de al menos 1 año o medios económicos suficientes. El arraigo laboral requiere solo 2 años + relación laboral acreditada de 6 meses. El arraigo familiar aplica si tienes hijos españoles o eres cónyuge/pareja de española. Tras el RD 1155/2024 (mayo 2025) el nuevo arraigo sociolaboral es más flexible. Plazo: 3 meses para resolver (silencio negativo).

El plazo legal para resolver es 1 año desde que el expediente se presenta telemáticamente y queda en estado "tramitado". En la práctica los plazos reales varían mucho: lo habitual son entre 18 y 36 meses. Si transcurre el año sin resolución, aplica silencio administrativo negativo y puedes interponer recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo (art. 21 Ley 39/2015). Tras resolución favorable queda el juramento ante Registro Civil, que puede tardar otros 3–6 meses.

Sí. La denegación por falta de integración suele basarse en el examen CCSE (si suspendiste) o en la valoración subjetiva del funcionario. Es uno de los motivos de denegación más recurribles. En recurso se aportan pruebas de integración real: contratos de trabajo, certificados de asociaciones, informes de convivencia, arraigo familiar, empadronamiento continuado, volantes de escolarización de hijos, justificantes de idioma. La jurisprudencia del Tribunal Supremo ha anulado decenas de denegaciones por motivación insuficiente. Plazo: 2 meses desde la notificación para contencioso-administrativo.

Depende del tipo de autorización y del tiempo que llevas cotizado. Para una renovación por cuenta ajena se exige haber cotizado al menos 6 meses en el último año o 18 meses en los dos últimos, o bien estar inscrito como demandante de empleo percibiendo prestación. Si no cumples estos mínimos, se puede solicitar modificación a arraigo o a autorización por circunstancias excepcionales. El RD 1155/2024 introdujo mayor flexibilidad en la valoración del esfuerzo de integración. Nunca dejes caducar el permiso sin presentar renovación: tienes 60 días antes y 90 después del vencimiento.

Es el efecto jurídico cuando la Administración no resuelve dentro del plazo legal. En extranjería el silencio es casi siempre negativo: la ausencia de respuesta se considera denegación presunta y permite interponer recurso (art. 24 Ley 39/2015). El plazo estándar de resolución es 3 meses para la mayoría de trámites de extranjería y 1 año para nacionalidad. Acudir al silencio en lugar de esperar suele acelerar la tramitación: al judicializar, la Administración prioriza el expediente para evitar condena en costas.

Depende del arraigo solicitado. El arraigo social con contrato y el arraigo laboral ya incluyen la autorización para trabajar, pero solo es efectiva tras la concesión y el alta en Seguridad Social. Mientras el expediente está pendiente, no existe autorización válida para trabajar — hacerlo supone riesgo de inadmisión del expediente y sanción laboral para el empleador. Excepción: si tu arraigo se deriva de una relación laboral ya acreditada mediante denuncia o resolución judicial previa, puede valorarse el tiempo trabajado irregularmente como prueba, no como autorización.

Los medios económicos mínimos se calculan según el IPREM mensual. Para la unidad familiar del reagrupante: 150 % del IPREM si reagrupa a una persona, más 50 % adicional por cada familiar extra. Con el IPREM de 2025 (600 €/mes), reagrupar a 1 familiar exige acreditar ~900 €/mes; 2 familiares, ~1.200 €/mes. Pueden acreditarse mediante contratos laborales, nóminas, IRPF, declaraciones de IAE para autónomos o rentas pasivas estables. Además hay que aportar informe municipal de vivienda adecuada emitido por el ayuntamiento, que certifica m² suficientes por habitante.

Sí. Tras la resolución favorable de nacionalidad, debes acudir personalmente al Registro Civil del lugar de residencia para jurar o prometer fidelidad al Rey y obediencia a la Constitución, y renunciar a tu nacionalidad anterior (salvo países con convenio de doble nacionalidad: iberoamericanos, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial, Portugal y sefardíes). Tienes 180 días desde la notificación para jurar; pasado el plazo, la concesión caduca y hay que reiniciar el expediente. Es el último paso antes de inscribir el nacimiento en Registro Civil español y solicitar DNI y pasaporte.

Sí, y conviene hacerlo con urgencia. Hay dos procedimientos: preferente (48 horas de alegaciones, expulsión inmediata si se confirma) y ordinario (15 días). Motivos frecuentes para recurrir: proporcionalidad de la medida (arraigo, familia dependiente en España, antecedentes caducados), defectos de notificación, procedimiento equivocado, vulneración de derechos fundamentales. Si la expulsión deriva de antecedentes penales, puede sustituirse por multa. La medida se suspende cautelarmente si se interpone contencioso con petición de medidas cautelares acreditando perjuicio irreparable. Plazo máximo de efectos de la orden: 5 años (ampliable a 10 en casos graves).

Las tasas son el coste que cobra la Administración aparte de los honorarios del abogado. Se abonan con el modelo 790 código 012 para extranjería y código 026 para nacionalidad. Rangos habituales actualizados para 2025: autorización de residencia inicial por cuenta ajena unos 11 €, renovación 17 €, tarjeta TIE 22 €, reagrupación 11 €, expedición de nacionalidad por residencia 104 €, certificación de nacimiento español 3 €. Las tasas hay que pagarlas antes de presentar la solicitud y adjuntar el justificante. No están incluidas en los honorarios del abogado y no son recuperables si el expediente se deniega.

Puedes hacer varias cosas. Primero, comprobar el estado del expediente en la Sede Electrónica del Ministerio con tu NIE y número de expediente. Segundo, presentar un escrito de impulso o "queja por demora" ante la Oficina de Extranjería recordando el plazo máximo y pidiendo resolución expresa. Tercero, si ha transcurrido el plazo legal (3 meses para casi todos los trámites), entender el silencio como denegación presunta e interponer recurso de reposición o contencioso-administrativo directamente. Judicializar el silencio suele ser la vía más rápida: la Administración se ve obligada a priorizar el expediente.

Legalmente puedes tramitar casi todos los expedientes de extranjería tú mismo: la representación por abogado no es obligatoria en vía administrativa. Sí lo es para recursos contencioso-administrativos y cuando hay detención o expulsión en procedimiento preferente. Dicho esto, el margen de error es alto: documentación mal traducida, apostillas omitidas, plazos mal calculados y tasas pagadas con el código incorrecto son motivos frecuentes de inadmisión que obligan a empezar de cero. Un abogado especializado reduce ese riesgo y, en denegaciones, multiplica las probabilidades de éxito del recurso. El coste profesional (400–1.800 € según trámite) suele compensar frente al coste de perder el expediente.